El presidente de EE. UU., Trump, ha regresado al campo de batalla de la guerra comercial con la imposición de aranceles de entre el 10 y el 12,5 por ciento a unos 60 países, entre los que se encuentran los principales socios comerciales de EE. UU., con la amenaza de que se impongan más.

Los aranceles se impusieron el viernes en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles a países que se considere que han llevado a cabo acciones irrazonables o discriminatorias contra EE. UU.

Tras lo que fue ampliamente reconocido como una investigación ficticia, destinada simplemente a intentar evitar posibles impugnaciones legales, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. determinó que los países afectados no habían tomado medidas suficientes para hacer cumplir las leyes que prohíben el uso de productos fabricados con trabajo esclavo o forzado.

Esta decisión siguió el modus operandi básico de la administración de Trump, que consiste en actuar primero y luego inventar argumentos pseudojurídicos para tratar de justificar sus medidas.

La decisión de invocar la Sección 301 se tomó después de que, en febrero, la Corte Suprema declarara ilegalidad de los amplios “aranceles recíprocos” impuestos por Trump en abril de 2025. La Corte determinó, en una votación de 6 a 3, que él había excedido sus facultades en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia Internacional de 1977, que había intentado aplicar.

El gobierno mantuvo los aranceles del 10 por ciento al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles por cuestiones relacionadas con la balanza de pagos, como medida provisional. Sin embargo, dicha medida tiene una vigencia limitada de 150 días antes de que sea necesaria la aprobación del Congreso, y ese plazo expiró el viernes pasado.

El uso generalizado de la Sección 301 también podría ser objeto de impugnación legal, ya que, si bien se ha invocado contra países específicos, nunca se ha utilizado para imponer aranceles a una serie de países como en este caso.

Pero independientemente de las cuestiones legales —y el hecho de invocar la falta de medidas contra el trabajo esclavo y forzado como justificación es una farsa evidente—, el gobierno está decidido a seguir adelante.

Como declaró el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, ante el Congreso la semana pasada: “Las autoridades específicas que está utilizando esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a utilizar aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses y aumentar sus salarios, así como reducir nuestro déficit comercial”.

Además de los aranceles a Canadá, se ha impuesto un gravamen del 50 por ciento a Brasil.

Se está gestando un nuevo enfrentamiento con Europa, sumado a los aranceles ya impuestos como consecuencia de la multa de 890 millones de euros que la Unión Europea le impuso a Google por infringir sus normas.

Trump respondió de inmediato en su plataforma Truth Social, afirmando que su administración iniciaría una nueva investigación arancelaria contra la UE por “robar” a las empresas estadounidenses y a los contribuyentes estadounidenses.

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente poco ética, sobre la cual les he advertido constantemente. Las sanciones se revertirán por completo y, anticipamos, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible”.

También podrían surgir conflictos en áreas que antes se consideraban resueltas.

El Financial Times (FT) informó la semana pasada que había surgido un enfrentamiento con Japón por una central nuclear de 40 mil millones de dólares en Estados Unidos. Japón acordó financiarla como parte del compromiso que asumió —bajo la amenaza de que se le impusieran «aranceles recíprocos» de amplio alcance, ahora declarados ilegales— de realizar inversiones por valor de 550 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Al parecer, la parte japonesa expresó su preocupación de que se le considerara responsable en caso de un accidente nuclear. Según se informó, el Departamento de Comercio de EE. UU. aseguró que ese no sería el caso, pero esto no se ha plasmado por escrito —un proceso que podría llevar meses—.

Bajo el “acuerdo” de inversión acordado por Japón —que se asemeja más a un pago de protección a EE. UU.—, las inversiones son decididas por EE. UU. y son de propiedad estadounidense.

Según el informe del FT, funcionarios japoneses han dicho que se sienten presionados a actuar a la ‘velocidad de Trump’ para anunciar una nueva ronda de proyectos —una planta de semiconductores y una terminal de petróleo y gas— a tiempo para las elecciones de mitad de mandato en noviembre, pero les preocupa la viabilidad comercial de los proyectos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el de junio de 2026)