El domingo, el New York Times publicó un análisis periodístico de David Sanger, su corresponsal veterano en la Casa Blanca y en temas de seguridad nacional, bajo el título “Trump parece atrapado por la guerra con Irán, aun cuando empuña el martillo más grande del mundo”. Trump, escribe Sanger, “parece atrapado, con su presidencia consumida gradualmente por una guerra de la que no encuentra salida”.

Estados Unidos detuvo sus bombardeos el viernes, tras 13 noches consecutivas. Trump ha amenazado con lanzar un ataque “masivo” contra Irán, algo que aún no ha hecho —en palabras de Sanger, porque “su verdadera vacilación podría deberse a que la guerra ha agotado las reservas estadounidenses de interceptores de misiles”.

A lo largo de más de cuatro décadas en el Times, Sanger ha funcionado como el principal enlace del periódico con el aparato militar y de inteligencia estadounidense. Su análisis es significativo como muestra de cómo se ve y se discute la guerra dentro del propio Estado.

Sin embargo, lo más significativo es lo que se omite. El análisis sencillamente ignora la cuestión de la legalidad de la guerra. Se presenta como una política que ha fracasado, no como un crimen que se ha cometido. En esto, el artículo es representativo de la discusión general sobre la guerra dentro del establishment estadounidense y sus medios de comunicación.

En términos de derecho internacional, la guerra estadounidense contra Irán es una guerra de agresión criminal. El ataque se lanzó el 28 de febrero, bajo la cobertura de negociaciones, contra un país que no había atacado ni amenazado a Estados Unidos, y que carecía de la capacidad para hacerlo.

Los ataques iniciales mataron al jefe de Estado iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de la dirigencia militar y política del país. Para cuando Trump firmó el memorando de alto el fuego del 17 de junio, las autoridades iraníes habían contabilizado al menos 3.468 muertos, entre ellos 376 niños.

El Tribunal Militar Internacional de Núremberg, en la sentencia por la cual fueron ahorcados los líderes del Tercer Reich, definió el inicio de una guerra de agresión como “el crimen internacional supremo, que se diferencia de los demás crímenes de guerra únicamente en que contiene en sí mismo el mal acumulado de todos los demás”.

Conforme a este estándar —que el mismo Estados Unidos incorporó al derecho internacional—, la guerra contra Irán es una empresa criminal, y todo funcionario que la ordenó, planificó y ejecutó es un criminal de guerra.

Cuando se plantea la cuestión de la legalidad, se la despacha rápidamente como si fuera un asunto menor. El viernes, en el Despacho Oval, un periodista le preguntó a Trump: “Usted habla de volar plantas de energía y puentes civiles; buena parte del mundo civilizado consideraría eso un crimen de guerra. ¿Usted lo considera así?”. Trump respondió: “No voy a responder esa pregunta”.

Este intercambio quedó prácticamente sepultado en la cobertura noticiosa de la guerra, tratado como un asunto sin consecuencias serias ni significativas.

Esto concuerda con la conspiración de silencio que rodea a la guerra. Durante Vietnam, los corresponsales estadounidenses informaban desde el campo de batalla. Ningún periodista estadounidense está cubriendo esta guerra desde el interior de Irán, no se ha difundido ninguna imagen de las bases alcanzadas por los misiles iraníes, y esta semana se sorprendió al Pentágono alterando las cifras de bajas, reduciendo su recuento de muertos estadounidenses de 18 a 14.

Plantear la cuestión de la legalidad equivale a acusar no solo a Trump, sino a todo el establishment político. El imperialismo estadounidense chorrea criminalidad de pies a cabeza, presidido por un presidente gánster que representa al bajo mundo criminal en el poder. Pero Trump no es un individuo: es el representante de una clase social y de un aparato estatal.

El Partido Demócrata basa su oposición táctica a la conducción de la guerra por parte de Trump enteramente en el argumento de que la guerra es ineficaz, no en que sea ilegal. En la audiencia del Senado de la semana pasada sobre el proyecto de ley de financiamiento de la guerra, el senador Gary Peters, de Michigan, le dijo al secretario de Defensa Pete Hegseth: “Usted no tiene una estrategia. No tiene un plan a largo plazo para ganar realmente esta guerra. ¡Gane la guerra!”.

El ataque contra Irán es, además, producto de décadas de criminalidad: la invasión ilegal de Irak, que, según un cálculo, mató a más de un millón de personas; el genocidio en Gaza, que ha matado a más de 73.000 palestinos con financiamiento, armas y protección diplomática estadounidenses.

El martes, Trump se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en noviembre de 2024. Trump ha declarado que Netanyahu “no será arrestado, de ninguna manera ni bajo ninguna forma”. El arquitecto del genocidio en Gaza, prófugo de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, es recibido en la Casa Blanca como huésped de honor.

En estas condiciones de crisis cada vez más profunda, la administración está planificando crímenes aún mayores, incluido el posible uso de armas nucleares.

El veterano periodista Seymour Hersh informó el 10 de junio que Trump había preguntado si atacar con armas nucleares las plantas subterráneas de misiles de Irán “era factible”. Trump ha declarado que Estados Unidos está planeando un ataque contra la montaña Pickaxe de Irán, y The Economist señaló el domingo que las instalaciones subterráneas profundas de Irán “son esencialmente invulnerables a las armas no nucleares”.

La escalada de la guerra contra Irán —como parte de la erupción global del imperialismo estadounidense— enfrenta a toda la humanidad con el desastre. La guerra mundial que libra la administración Trump no encuentra oposición significativa alguna dentro del establishment político, que respalda fundamentalmente el objetivo de someter a Oriente Próximo con el fin de doblegar a los principales rivales globales del imperialismo estadounidense: Rusia y China.

Pese a los mejores esfuerzos de los medios y la élite política, la cuestión de la legalidad no va a desaparecer. La guerra contra Irán es un crimen, pero ninguna institución del orden existente hará responsables a los criminales, porque todas ellas pertenecen al mismo sistema que lo produjo y lo defienden.

Esa tarea recae en la clase obrera internacional, la única fuerza social que no tiene ningún interés en el sistema de saqueo imperialista y la única fuerza capaz de poner fin a la guerra. La lucha contra la guerra debe unirse a la defensa de los derechos sociales y económicos de la clase obrera y a la lucha contra el sistema capitalista, que es la fuente de la desigualdad, la dictadura y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de julio de 2026).