El domingo 25 de octubre, los brasileños volverán a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por un lado está el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien se postula para la reelección al frente de la llamada Frente Amplio (Frente Ampla). Por otro lado está el senador Flávio Nantes Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo mayor del expresidente fascista Jair Messias Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por su intento de golpe de Estado. Flávio quedó en primer lugar en la primera vuelta, con el 47 por ciento de los votos válidos frente al 45,2 por ciento de Lula.

La elección se lleva a cabo en medio de un estallido de la lucha de clases a escala mundial, cuya expresión más concentrada se da hoy en Francia, donde el 17 de octubre más de 550.000 estudiantes de secundaria, “chalecos amarillos” y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida, los recortes a la educación y la represión policial. En Washington, Donald Trump describió las protestas como una “revolución en toda regla” que debe ser reprimida violentamente.

La explosión francesa forma parte de una ola de protestas y huelgas contra la guerra, la austeridad y la represión que se extiende por Europa. Esa misma ola se extiende a América Latina: desde los trabajadores de la salud en México hasta la huelga nacional en Colombia, desde los empleados públicos argentinos hasta los mineros chilenos y las protestas contra el aumento del precio del diésel en Bolivia, reprimidas con tropas.

El FMI ha declarado “urgentes” los recortes al gasto público a escala mundial. Imponer este programa a una clase trabajadora que se niega a aceptarlo requiere formas dictatoriales de gobierno, y con este fin la burguesía mundial está alimentando a las fuerzas fascistas en todas partes.

Un programa común de ataque contra la clase trabajadora

También en Brasil, es lo que la burguesía percibe como una crisis de deuda pública lo que dicta los términos de las elecciones. En los 12 meses hasta junio, el déficit nominal del Estado alcanzó el 9,99 por ciento del PIB, el más alto desde la pandemia, impulsado por pagos de intereses de 1,16 billones de reales, equivalentes al 8,8 por ciento del PIB. Una enorme parte de la riqueza producida por la clase trabajadora se transfiere directamente a los tenedores de bonos.

La élite financiera no deja dudas sobre lo que exige del próximo gobierno. La prensa financiera ya enumera las medidas previstas para 2027: desvincular las pensiones y los beneficios de asistencia social del salario mínimo y desacoplar el gasto en salud y educación de los ingresos fiscales. Se trata de un ataque directo a las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadores, jubilados y personas pobres, y el temor a una recesión solo hace que esta exigencia sea aún más imperativa.

Ambos candidatos burgueses se presentan como ejecutores de este programa. Flávio Bolsonaro promete un tesouraço —un recorte drástico con tijeras— inspirado en la “motosierra” del presidente argentino Javier Milei. Su programa propone un ajuste fiscal del 1,5 por ciento del PIB, un techo a la deuda, la eliminación de 10 ministerios y una enmienda constitucional que imponga austeridad al inicio de su mandato. Entre bastidores, su equipo ya ha discutido poner fin a los aumentos reales de las pensiones.

Lula ofrece el mismo programa en una forma calculada precisamente para evitar provocar una explosión social. En su primera declaración oficial tras la primera vuelta, afirmó que nadie en el país tiene la “autoridad moral para hablar de política fiscal” con él y con su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Lula y su Frente Amplio no proponen ningún enfrentamiento con este programa de ataques capitalistas; buscan administrarlo de la manera más eficaz posible.

Un giro hacia la derecha de todo el sistema político de Brasil

Con la considerable ventaja que obtuvo en la primera vuelta, Flávio pudo prescindir de las amenazas de golpe de Estado más abiertas de las últimas semanas. Estas no han desaparecido. El candidato ha anunciado que pretende enmendar la Constitución para “redemocratizar” Brasil, una propuesta que repitió en el debate presidencial, vinculándola a la lucha contra la delincuencia y a la reducción de la edad de responsabilidad penal. Una derrota electoral de Flávio no acabaría con la amenaza fascista. Todo indica que vendría acompañada de un desafío violento a los resultados —una repetición, a mayor escala, del 8 de enero de 2023—, esta vez en condiciones mucho más explosivas y en una América Latina marcada por la intervención cada vez más directa y violenta del imperialismo estadounidense.

En las últimas semanas, unas conversaciones internas en Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— a las que tuvo acceso Folha de S.Paulo, revelaron que los empleados de la empresa reconocían que la cuenta de Lula estaba más restringida que la de Flávio. Con base en esto, la campaña del PT solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura bolsonarista por “manipulación algorítmica”. Lejos de ser un “fallo técnico”, como afirma la empresa, estos episodios indican que sectores clave de la oligarquía capitalista estadounidense están decididos a promover un nuevo gobierno de Bolsonaro en Brasil.

El 20 de octubre, el presidente fascista de Argentina, Javier Milei, un aliado autoproclamado de la familia Bolsonaro, compartió en redes sociales un fragmento de una entrevista a Lula, llamó “ladrón” al presidente brasileño y escribió que esperaba que su última artimaña de campaña “no incluyera robar las elecciones”. La insinuación de fraude no es una improvisación. Milei ya planteaba este escenario en julio, cuando habló en el lanzamiento de la candidatura de Flávio. Es una estrategia que se inscribe en la continuidad directa de la conspiración liderada por Jair Bolsonaro y el alto mando militar en las elecciones de 2022, que culminó con el asalto fascista en Brasilia el 8 de enero de 2023. En su discurso de julio, Milei no dejó lugar a dudas: “Ya lo vieron hace cuatro años, en las últimas elecciones presidenciales, y lo volverán a ver. Prepárense. Porque a la izquierda no le cuesta nada jugar sucio. Prepárense para una gran batalla”.

La respuesta del PT y su Frente Amplio ante estos acontecimientos siguió el mismo rumbo reaccionario, profundizando su giro hacia la derecha a lo largo de la campaña de la segunda vuelta. El 15 de octubre, en una entrevista con Jornal Nacional, Lula se declaró a favor de reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años para delitos atroces, un tema favorito de la extrema derecha al que el propio PT se opuso durante décadas. Al mismo tiempo, convirtió la Enmienda Constitucional de Seguridad Pública (PEC), que endurece las penas para los miembros de facciones criminales y restringe los permisos temporales de salida de la prisión y la progresión de la pena, en uno de sus principales lemas de campaña, bajo el lema “Para el criminal, la cárcel”.

La campaña terminó girando en torno a Geraldo Alckmin —exgobernador de São Paulo y, durante tres décadas, uno de los principales líderes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el partido tradicional de derecha al que se enfrentó el PT en todas las elecciones presidenciales desde 1994 hasta 2014—. Lula lo presentó como el hombre que entiende el ajuste fiscal y comenzó a considerar nombrarlo ministro de Hacienda para ganarse la confianza de los mercados. El último anuncio de campaña del PT presenta al general Carlos Alberto dos Santos Cruz, exsecretario de Gobierno de Bolsonaro, y el lema: “Si eres de izquierda, vota por el 13; si eres de derecha, vota por el 13” —siendo el 13 el número de la boleta del PT—. Alckmin agregó: “De derecha o de izquierda, todos somos brasileños”. El mensaje es inequívoco. Para el PT, esto no es una contienda entre la derecha y la izquierda, sino una campaña “por Brasil” en la que la agenda de la derecha se presenta como legítima y el Frente Amplio se atribuye la tarea de llevarla a cabo.

Este giro se combinó con la forma en que el PT respondió a las grandes movilizaciones de las últimas semanas contra el regreso al poder de los Bolsonaro. Muchos de los que salieron a las calles estaban impulsados por una oposición legítima al fascismo y al imperialismo, y el PT convocó las manifestaciones precisamente porque sentía la presión de sectores que exigían una respuesta más combativa por parte de la campaña de Lula. El período previo a la segunda vuelta puso aún más de manifiesto la falsa concepción que subyace a estas manifestaciones: que el Frente Amplio es el camino necesario para luchar contra el fascismo.

El PT y sus satélites de la pseudoizquierda condujeron a las fuerzas movilizadas por su campaña hacia un vaciamiento de cualquier comprensión política de la crisis y de cualquier preparación para una lucha de masas contra el capitalismo y el auge del fascismo. Las acciones de la campaña se orientaron exclusivamente a “ganar votos”, apropiándose de los íconos y lemas de la extrema derecha y de un nacionalismo reaccionario, y utilizando la amenaza de una victoria de Flávio Bolsonaro como chantaje para subordinar a los jóvenes al Frente Amplio.

¿Qué es el Frente Amplio del PT?

El Frente Amplio nació como la coalición electoral formada en torno a la candidatura de Lula en 2022. Presentada como una alianza “democrática” y “antifascista”, su contenido real era la unidad de las principales facciones de la burguesía brasileña para contener la crisis de su régimen y bloquear un camino independiente para la clase trabajadora. Su núcleo era la fórmula Lula–Alckmin, con Alckmin incorporado como garante de la alianza con el capital nacional y extranjero.

Se extendió mucho más allá del PSDB, cortejando abiertamente a sectores de la coalición de gobierno de Bolsonaro, que, además, habían formado parte de la base de los gobiernos del PT durante casi una década. Su acta de nacimiento fueron las “Cartas por la Democracia”, encabezadas por la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y los principales grupos industriales y financieros, respaldadas por el PT, la Central Unificada de Trabajadores (CUT), Força Sindical y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), y celebradas como la unión del capital y el trabajo en defensa de la democracia.

En 2026, el Frente Amplio avanzó aún más en esta dirección, incorporando fuerzas que, hace cuatro años, formaban parte de la oposición de derecha a Lula. Soraya Thronicke, elegida en 2018 como la “senadora de Bolsonaro” y candidata presidencial de União Brasil en 2022, quien compite por el mismo electorado de extrema derecha, se unió al Partido Socialista Brasileño (PSB) de Alckmin en abril, en una maniobra orquestada por Lula, para buscar la reelección con su apoyo. Ese mismo mes, Rodrigo Pacheco, ex presidente del Senado, proveniente de la derecha tradicional, se unió al PSB para impulsar la candidatura de Lula en Minas Gerais. Junto a ellos llegó Josué Gomes da Silva, un industrial y expresidente de la FIESP.

La esencia política del Frente Amplio del PT tiene sus raíces en la traicionera tradición del frentismo popular estalinista. Al analizar el Frente Popular español en Las lecciones de España: la última advertencia, en 1937, Trotsky lo resumió así: “La historia moderna de la sociedad burguesa está llena de todo tipo de Frentes Populares, es decir, de las más diversas combinaciones políticas para engañar a los trabajadores. La experiencia española no es más que un nuevo y trágico eslabón en esta cadena de crímenes y traiciones”.

El papel que desempeña el Frente Amplio del PT se corresponde exactamente con lo que describió Trotsky. Al presentar a Alckmin como alguien con la “autoridad moral para hablar de política fiscal” y al adoptar la agenda represiva de la extrema derecha, desde la reducción de la edad de responsabilidad penal hasta el lema “Para el criminal, la cárcel”, Lula le ofrece a la burguesía lo que esta busca en Flávio. La tarea de los líderes de la burguesía republicana española, explicó Trotsky, consistía en frenar la revolución de las masas y, de ese modo, recuperar la confianza perdida de los explotadores: “¿Para qué necesitan a Franco si nosotros, los republicanos, podemos hacer lo mismo?”

Sin embargo, existe una diferencia esencial. Los frentes populares del siglo XX tenían en su centro a partidos obreros de masas con direcciones traicioneras —la socialdemocracia y los partidos comunistas estalinistas— que arrastraron a millones de trabajadores tras la burguesía. El PT ya no tiene este carácter. A lo largo de cuatro décadas, se ha transformado de un partido basado en los sindicatos que organizaban las luchas económicas masivas de la clase trabajadora brasileña en un partido del capital, plenamente integrado en el Estado burgués. Esta trayectoria queda reflejada en sus propias candidaturas presidenciales. Ya en 1989, Lula eligió como compañero de fórmula a José Paulo Bisol, uno de los fundadores del PSDB; en 2002, al magnate textil José Alencar —padre de Josué Gomes—, elegido junto con la “Carta al pueblo brasileño” para tranquilizar a los mercados financieros; en 2022, a Alckmin, el mayor adversario histórico del PT en São Paulo. El Frente Amplio no es una alianza de un partido obrero con la burguesía, sino una combinación de fuerzas burguesas cuya función específica es utilizar la autoridad histórica del PT para contener a la clase trabajadora.

Por esta razón, no se puede librar ninguna lucha contra el fascismo a través de este Frente Amplio. Las masas lo ven correctamente como la expresión suprema del “sistema” político burgués, y el PT ha asumido el papel de eje central de un régimen burgués en crisis. Los fascistas se benefician de este rechazo, presentándose cínicamente como “antisistema” —lo cual no son—. Cada concesión a la agenda de la derecha y cada ataque llevado a cabo en nombre de la “responsabilidad fiscal” profundiza la desilusión de la que se alimenta la extrema derecha.

Las luchas que se avecinan

Sin embargo, la fuerza social capaz de derrotar al fascismo ya está en movimiento. En vísperas de la primera vuelta, las huelgas de los trabajadores bancarios, postales, docentes y metalúrgicos se extendían por todo el país contra las políticas del gobierno de Lula. Estas luchas han seguido desarrollándose en medio de la campaña electoral.

Solo esta semana, estalló una serie de nuevas huelgas en diferentes sectores y regiones del país. Los conductores de autobús de la zona sur de São Paulo se declararon en huelga el 19 de octubre en una acción organizada fuera del sindicato, lo que afectó el transporte de 267.000 pasajeros, para exigir los pagos atrasados a su fondo de indemnización FGTS y a sus cuentas de seguridad social del INSS. El gobierno municipal respondió despidiendo a tres conductores y desplegando a la Guardia Civil Municipal en las cocheras; ya se ha anunciado una nueva huelga para el 26 de octubre, el día después de las elecciones. En Macapá, la capital del estado de Amapá, los conductores de autobús pusieron fin a una huelga de una semana. En la acería GV do Brasil, en Pindamonhangaba, 1.000 metalúrgicos se declararon en huelga en contra de una propuesta que no contemplaba un aumento salarial real. En Cubatão, unos 300 trabajadores petroleros subcontratados se declararon en huelga por horas extras impagas y prestaciones en la refinería Presidente Bernardes de Petrobras. Los trabajadores de los hospitales Vita en Curitiba llevaron a cabo una huelga de más de una semana por atrasos salariales.

Estas huelgas son las primeras manifestaciones de luchas mucho más amplias que se avecinan, independientemente de quién gane el domingo. El programa que la burguesía exige para 2027 —el desmantelamiento de las pensiones, los beneficios sociales y el gasto en salud y educación— es el mismo que llevó a la juventud y a los trabajadores franceses a las calles, y su imposición requerirá formas de gobierno cada vez más autoritarias, ya sea bajo el mandato de Flávio o del Frente Amplio.

La crisis política de Brasil forma parte de una crisis objetivamente revolucionaria del capitalismo mundial. Plantea ante la clase trabajadora no la tarea de reformar el Estado burgués, sino la de tomar el poder político. Esto requiere establecer su independencia política del Frente Amplio y de todas las fuerzas de la burguesía nacional, organizar sus luchas en comités de base independientes de la burocracia sindical, vinculados internacionalmente a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB), y construir la dirección revolucionaria capaz de liderarlas sobre la base del programa de la revolución permanente y el socialismo internacional: el Grupo Socialista por la Igualdad (Grupo Socialista pela Igualdade — GSI), que lucha por construir la sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de octubre de 2026)