El pasado lunes 19 de octubre, una importante marcha de organizaciones campesinas, sindicales y políticas contra el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos se enfrentó a un amplio despliegue policial en Cochabamba, Bolivia. Al impedírsele avanzar hacia el centro de la ciudad, la marcha quedó reducida a una concentración en la avenida Petrolera.

Posteriormente, tras una manifestación frente al Ministerio de Educación en La Paz el martes, los maestros urbanos realizaron el viernes una huelga nacional de 24 horas contra el aumento de los precios y el plan del Gobierno de descentralizar la educación pública. Las escuelas cerraron en todo el país, y miles de docentes, estudiantes y simpatizantes participaron en marchas, concentraciones y bloqueos de carreteras en distintas ciudades. Tanto el martes como el viernes, la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma, golpes y detenciones.

Las protestas se producen un mes después de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira eliminara el último subsidio al diésel, el 18 de septiembre, elevando su precio de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro.

Paz respondió prorrogando hasta finales de año el estado de excepción, vigente desde el 2 de junio, prohibiendo los bloqueos de carreteras y autorizando a las Fuerzas Armadas a despejarlas.

Lorenzo Chávez, dirigente del sindicato de maestros urbanos de Santa Cruz, anunció que la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), junto con sus 31 federaciones departamentales y regionales, respaldaría la huelga del viernes.

La Central Obrera Boliviana (COB) se ha negado a sumarse. En una reunión nacional celebrada la semana pasada en Cochabamba, su secretario ejecutivo, Mario Argollo, declaró que “la oposición está ahora aquí, en la dirigencia, en las calles”, pero no anunció ninguna huelga ni fijó fecha alguna para emprender acciones.

A pesar de la combatividad demostrada por las masas en las calles de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz durante movilizaciones anteriores, la COB ya ha levantado dos huelgas generales este año, en enero y junio. El Gobierno respondió a cada retirada con nuevos ataques.

Estas traiciones subrayan la necesidad de que la clase obrera rompa con la burocracia de la COB y con el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos dos decenios en el poder prepararon la catástrofe actual.

Las traiciones de la COB

La primera traición se produjo en enero. En diciembre de 2025, el Decreto Supremo 5503 eliminó los subsidios a los combustibles, elevando los precios de la gasolina un 86,1 por ciento y del diésel un 163,4 por ciento. La COB convocó una huelga indefinida y los bloqueos de carreteras paralizaron siete de los nueve departamentos del país. El 11 de enero, Argollo firmó un acuerdo en El Alto para derogar el decreto. Fue sustituido por el Decreto 5516, que mantuvo vigentes los aumentos de los precios de los combustibles. “Aquí los ministros no han perdido, los dirigentes no han ganado. Bolivia ha ganado”, declaró Argollo. Coloos dos aumentos del diesel de septiembre de 2025 el de 2026, el alza total ha sido de

La segunda huelga, iniciada en mayo contra los recortes fiscales y el aumento del costo de vida, se convirtió en un levantamiento de trabajadores, campesinos y comunidades indígenas que duró unos 53días. Se emitieron órdenes de detención por terrorismo contra Argollo y otros 24 dirigentes sindicales. El 19 de junio, firmó otro acuerdo con Paz que levantó los bloqueos sin conseguir el restablecimiento de los subsidios. “No queremos ser parte del Gobierno, solo participar en las decisiones”, declaró Argollo.

Los sectores campesinos, indígenas y cocaleros rechazaron el acuerdo, y seis federaciones del Trópico de Cochabamba acusaron a la COB de “traición”. La respuesta del Gobierno demuestra lo que valía el acuerdo. El 20 de junio, un día después de su firma, Paz decretó el estado de excepción. El 29 de junio, dejó flotar el boliviano. En septiembre, prorrogó el estado de excepción, consiguió un acuerdo de US$1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional y eliminó el subsidio al diésel.

Estas traiciones facilitaron una brutal represión estatal. La Defensoría del Pueblo registró 583 detenciones, 88 heridos y 22 muertos durante el conflicto de mayo y junio, tres de ellos durante operaciones policiales y militares para despejar las carreteras. El estado de excepción autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar junto con la policía sin orden judicial.

Ahora que la COB se ha declarado “en la oposición”, Argollo utiliza el lenguaje de la “independencia política” para mantener a la COB alejada de las marchas convocadas por los partidarios del MAS. “No vamos a participar en ningún movimiento político”, declaró el 15 de octubre. No ha mostrado semejantes reparos a la hora de firmar acuerdos con el Gobierno.

El plan “Frontera Segura” y la intervención de Washington

El 21 de octubre, el Gobierno puso en marcha el plan “Frontera Segura 2.0” en Santa Cruz, enviando al departamento y a las zonas fronterizas a 230 policías especializados en “delincuencia organizada transnacional”, con nuevos contingentes que llegarán cada 45 días.

Frontera Segura 2.0 y otras operaciones “contra la delincuencia” acabarán utilizándose contra las luchas de masas provocadas por los dos paquetes de  dieselazo. El Gobierno ya ha calificado el levantamiento de mayo y junio de “narcoterrorismo”.

En septiembre, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado abiertamente con Paz, difundió una grabación de audio atribuida a Paz y a su antiguo principal asesor, el operador argentino de extrema derecha Fernando Cerimedo, en la que hablan de un estado de sitio “regionalizado” en el Chapare y San Julián y de la necesidad de diseñar “la novela que vamos a escribir”. Una de las voces pregunta: “¿Y si primero les damos una paliza a los del Chapare? Porque son el centro del terrorismo”.

Cerimedo está encarcelado desde agosto, acusado de ordenar que dispararan contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía también lo investiga por enriquecimiento ilícito y por proteger vuelos del narcotráfico procedentes del Beni. Beller afirma que US$800.000 mensuales pasaban “por la Presidencia”.

El 22 de octubre, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado contra una nueva lista de bolivianos, entre ellos el exfiscal general Juan Lanchipa, dos diputados en funciones, jueces, fiscales y mandos policiales. Washington declaró que respalda al Gobierno de Paz en la eliminación de la “influencia criminal” del sistema judicial, la policía y la Asamblea Legislativa.

La lista anterior, publicada el 28 de septiembre, incluía al fiscal general Roger Mariaca, quien estaba procesando a Cerimedo. La policía boliviana lo detuvo en Viru Viru menos de 48 horas después. Washington decide ahora quién puede ocupar cargos en los tribunales, la policía y el poder legislativo de un país nominalmente soberano.

Esto revela el grado de control que el imperialismo estadounidense pretende ejercer sobre Sudamérica mediante su “Escudo de las Américas”, la alianza que Trump lanzó en marzo en su complejo turístico de Doral, Florida. Bolivia es miembro. Del 22 al 24 de septiembre, tropas estadounidenses entrenaron a fuerzas bolivianas en La Paz en técnicas de control de multitudes. El objetivo va más allá de expulsar a China de la región. Bajo el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, Washington reivindica el derecho a dominar directamente Sudamérica, lo que incluye reprimir a su clase obrera.

El colapso de la economía boliviana

Desde diciembre de 2025, el precio del diésel ha aumentado de 3,72 a 17,95 bolivianos por litro, casi quintuplicándose. El incremento tiene un efecto multiplicador, puesto que prácticamente todas las mercancías en Bolivia se transportan por camión. Su impacto recaerá primero sobre los precios de los alimentos, golpeando con mayor dureza a la clase obrera y al campesinado.

La inflación alcanzó el 20,40 por ciento en 2025, su nivel más alto en 36 años, frente al 2,12 por ciento de 2023. El Gobierno señala la caída de la inflación interanual del 14,18 por ciento en abril al 5,70 por ciento en septiembre. Pero esa tasa se mide respecto al fuerte aumento del año anterior y ha vuelto a subir desde julio, cuando se situaba en el 4,93 por ciento.

Tras la decisión del 29 de junio de dejar flotar la moneda, el dólar subió de 6,96 a aproximadamente 11,73 bolivianos, un incremento del 68,5 por ciento. Todo lo que tiene un precio fijado en dólares cuesta ahora un 68,5 por ciento más en bolivianos. Según el FMI, Bolivia será la única economía sudamericana que se contraerá tanto este año como el próximo, con una caída del PIB del 3 por ciento en 2026 y del 1,5 por ciento en 2027.

Paz pretende ahora hacer que los trabajadores paguen por el colapso de la economía, mientras acelera la destrucción, exigida por el FMI, de las políticas aplicadas por el MAS, que gobernó de 2006 a 2019 y nuevamente de 2020 a 2025. El llamado “socialismo del siglo XXI” del MAS, parte de la “marea rosa” regional, se sustentaba en subsidios, un tipo de cambio fijo y los dólares procedentes de las exportaciones de gas natural para financiar el gasto público y apaciguar a la población. Estas medidas dependían del auge mundial de las materias primas, que terminó en 2014.

El MAS nunca tocó la propiedad capitalista. Su “nacionalización” de 2006 renegoció los contratos con Petrobras, Repsol, Total y otras transnacionales, que continuaron explotando los principales yacimientos de gas. La renta obtenida financió bonos sociales mientras los yacimientos se agotaban sin que se desarrollaran nuevas reservas.

Las exportaciones de gas cayeron un 82,1 por ciento entre 2014 y 2025, lo que representa una pérdida anual de aproximadamente US$4.900 millones respecto al máximo alcanzado en 2014. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el país gastó US$15.800 millones en importaciones de diésel y gasolina entre 2015 y 2024. Bolivia depende ahora de la producción de oro, plata, zinc y otros minerales, que no han impedido la contracción económica.

El impacto social queda expuesto en la Encuesta de Hogares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística, que señala un aumento de la pobreza en 2024 hasta el 44,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema subió del 12,8 al 16,7 por ciento. La pobreza significa disponer de ingresos insuficientes para cubrir la alimentación y otras necesidades básicas. La pobreza extrema significa que los ingresos no alcanzan siquiera para comprar los alimentos esenciales. En el campo, la pobreza extrema llegó al 31,5 por ciento.

Alrededor del 85 por ciento de los trabajadores bolivianos tienen empleos informales, sin contratos, pensiones ni cobertura sanitaria. Son los primeros en sufrir cada aumento de los precios del transporte y los alimentos.

A pesar de la contracción económica, la clase obrera sigue siendo enormemente poderosa, como demuestran las pérdidas económicas estimadas en US$60 millones diarios durante la huelga general de este año. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) calcularon las pérdidas totales entre US$2.300 millones y US$3.000 millones, equivalentes al 4,3–5,6 por ciento del PIB proyectado para 2026.

Bajo la globalización, este poder tiene un efecto multiplicador. Una huelga general en Bolivia también golpea a los compradores capitalistas de minerales bolivianos y otras materias primas en China, Estados Unidos y otros países.

Las lecciones de la historia boliviana

Para movilizar este poder, los trabajadores deben asimilar las lecciones de su propia historia. En dos ocasiones anteriores, en 1952 bajo el MNR y en 1971 bajo el general Juan José Torres, los trabajadores bolivianos tuvieron el poder a su alcance. En ambas ocasiones, sus dirigentes los subordinaron a un ala “progresista” de la burguesía nacional, y en ambas ocasiones sobrevinieron la derrota y la dictadura.

En abril de 1952, los trabajadores armados, sobre todo los mineros, derrotaron al ejército y llevaron al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro. El Gobierno nacionalizó las principales minas de estaño, llevó a cabo una reforma agraria y estableció el sufragio universal. Pero preservó el Estado capitalista, reconstruyó el ejército y estableció estrechas relaciones con el imperialismo estadounidense.

La sección de la Cuarta Internacional trotskista, el Partido Obrero Revolucionario (POR), dirigido por Guillermo Lora, siguió la línea planteada por Michel Pablo durante el Tercer Congreso de la Cuarta Internacional en 1951. Esta línea llamaba a los partidos trotskistas a disolverse en los “movimientos de masas” dominados por los partidos estalinistas y las direcciones nacionalistas burguesas de cada país. El POR ofreció “apoyo crítico” al Gobierno del MNR en lugar de luchar por el poder obrero. La COB quedó bajo el control del MNR. Como resultado, el ejército reconstruido por el MNR llevó al poder al general derechista René Barrientos mediante el golpe de Estado de 1964.

En 1971, la Asamblea Popular surgió bajo el Gobierno nacionalista burgués del general Juan José Torres. La COB, los estalinistas y el POR pablista la presentaron como un “soviet”, mientras subordinaban la clase obrera a Torres. Lora sembró la ilusión de que Torres armaría a los trabajadores contra los fascistas. Torres no armó a nadie y huyó del país ante el golpe de Estado de agosto de 1971, respaldado por Estados Unidos y encabezado por el general de tendencias fascistas Hugo Banzer, quien impuso siete años de dictadura.

La lección de estas experiencias es la necesidad de construir en Bolivia un partido revolucionario internacionalista, opuesto a todas las organizaciones nacionalistas burguesas, estalinistas y pablistas, y basado en un programa genuinamente socialista para que la clase obrera tome el poder al frente de los campesinos pobres y otras capas oprimidas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de octubre de 2026)