La policía ecuatoriana arrestó a Luisa González, la candidata presidencial en dos ocasiones del partido Revolución Ciudadana (RC) del expresidente Rafael Correa, en un operativo realizado antes del amanecer en su domicilio en la provincia costera de Manabí el jueves 22 de octubre. Al día siguiente, un juez ordenó su prisión preventiva.

El arresto se produce cinco semanas antes de las elecciones regionales del 29 de noviembre, de las que su partido ya fue excluido.

En el llamado caso Laberinto, los fiscales acusan a González de lavar unos 500.000 dólares gastados en publicidad no declarada durante su campaña de 2023. Los fiscales afirman que los fondos provenían de empresas de combustibles vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, incluida Ternape, una empresa de transporte marítimo y combustibles propiedad de su familia. Álvarez, elegido en la boleta de la RC en 2023, está preso desde febrero por varios cargos, entre ellos uno relacionado con la presunta venta ilegal de combustible subsidiado.

El portavoz del gobierno, José Julio Neira, dijo que esperaba que fiscales y jueces actuaran “con rigor y celeridad”. González calificó el cargo de absurdo y su arresto de persecución política.

El World Socialist Web Site no brinda apoyo político al correísmo, una tendencia política nacionalista burguesa vinculada a la Marea Rosa, y no dispone de información independiente sobre los cargos. Pero el historial de los últimos diez meses no deja dudas sobre lo que está ocurriendo. El gobierno de Noboa está utilizando los tribunales y los organismos electorales para excluir de la vida política al principal partido opositor justo cuando crece en las calles la oposición a su programa de austeridad.

El 27 de enero, los fiscales abrieron una investigación separada, conocida como Caja Chica, que alega que dinero venezolano financió la misma campaña de 2023. Se basa en gran medida en el testimonio del exlegislador de RC, Santiago Díaz, quien manejó las finanzas de la campaña y entonces estaba siendo juzgado por violar a una niña de 12 años. Fue condenado en mayo y sentenciado a 29 años de prisión.

A comienzos de marzo, sobre la base de esa investigación preliminar y sin ningún veredicto, un juez electoral suspendió a RC por nueve meses a solicitud del fiscal general encargado. El 27 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones 77 días, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, citando previsiones de lluvias por El Niño. La nueva fecha cae dentro del período de suspensión.

Cuando los candidatos correístas se inscribieron con el movimiento Amigo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió también a ese partido, el 17 de julio. Noboa declaró entonces que los correístas podían elegir “cualquier otro partido que no se haya prestado al lavado de dinero”. Cuando González buscó postularse como prefecta de Manabí con el movimiento Pachakutik, el TCE la descalificó por no haber sido militante durante el tiempo suficiente.

El 26 de abril, el CNE también eliminó del registro electoral a Unidad Popular, un partido vinculado a la dirección sindical de la FUT. Y el día anterior al arresto de González, los fiscales allanaron el Ayuntamiento de Quito, cuyo alcalde de RC, Pabel Muñoz, busca la reelección y enfrenta denuncias penales. Los alcaldes electos de las dos ciudades más grandes de Ecuador están ahora presos o bajo investigación.

Al gobernar de 2007 a 2017, Correa utilizó el auge de las materias primas para financiar programas sociales limitados con ingresos petroleros. Cuando los precios se desplomaron, impuso recortes y envió a las fuerzas armadas contra trabajadores y manifestantes indígenas. Su sucesor designado, Lenín Moreno, giró hacia Washington y puso fin al asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entregándolo a la policía de Londres. Moreno firmó luego un préstamo del FMI por 4.200 millones de dólares en 2019 y decretó el fin de los subsidios a los combustibles. El levantamiento social de octubre de 2019 que siguió obligó a Moreno a trasladar temporalmente la sede del gobierno a Guayaquil. Según la Defensoría del Pueblo nacional, la represión dejó 11 muertos y 1.340 heridos.

Cuando su sucesor de derecha, el banquero Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea en mayo de 2023 para escapar de un juicio político, Noboa, heredero de la mayor fortuna bananera del país, ganó las elecciones anticipadas. En enero de 2024 declaró un “conflicto armado interno”, poniendo tropas en las calles. Elevó el impuesto al valor agregado del 12 al 15 por ciento, ordenó a la policía irrumpir en la Embajada de México para apresar al exvicepresidente de Correa, Jorge Glas, y firmó un acuerdo con el FMI que luego se elevó a 5.000 millones de dólares.

En septiembre de 2025, Noboa eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Una huelga nacional de 31 días fue respondida con estados de emergencia, cargos de terrorismo y fuerza letal que dejó tres manifestantes muertos, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). El 16 de noviembre de 2025, los votantes rechazaron sus propuestas de referéndum, incluidas una asamblea constituyente y el regreso de bases militares extranjeras. Diez semanas después, se abrió el caso Caja Chica.

En abril, el FMI completó su quinta revisión del programa para Ecuador, liberando 394 millones de dólares. Ecuador no había cumplido sus metas fiscales, que el informe del personal atribuye en parte a pagos otorgados para amortiguar el aumento del precio del diésel. Noboa promulgó medidas “correctivas” para regresar a un ajuste fiscal radical equivalente al 6,6 por ciento del PIB. El gasto público se estima que caerá del 38,4 por ciento del PIB en 2025 al 35,6 por ciento en 2027.

El mismo informe considera la capacidad de la población para rechazar este programa como un peligro. Entre los factores que, según dice, reducen los riesgos, apunta a la mayoría de Noboa en la Asamblea. Entre los riesgos, enumera la pérdida del apoyo público necesario para completar la agenda del gobierno, advirtiendo que “la agitación social y la incertidumbre respecto de futuras políticas macroeconómicas podrían provocar un aumento de los diferenciales de interés”.

Para los tenedores de bonos que prestaron a Ecuador 4.000 millones de dólares en enero a un interés de casi 9 por ciento, la mera perspectiva de que los votantes pudieran desarrollar expectativas de un rumbo diferente es un riesgo que debe eliminarse de antemano.

Protestas crecientes, crisis profunda

El 8 de octubre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones marcharon en 19 provincias contra los recortes sociales, la precariedad laboral y la amenaza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuyas propiedades Noboa ha ordenado vender. En Cuenca, la policía usó gas pimienta contra estudiantes que protestaban por una visita del presidente.

El país también enfrenta apagones. Días después de que Noboa prometiera que ninguna familia perdería electricidad, los hogares de la costa sufrieron cortes de hasta 12 horas y, desde el 12 de octubre, a muchos usuarios industriales de alta y mediana tensión se les ha ordenado salir de la red tres días por semana.

Los gobiernos de toda América Latina han respondido al ascenso internacional de trabajadores y jóvenes, desde la huelga nacional del 14 de octubre en Colombia hasta las marchas masivas en Francia, adoptando el “modelo Bukele” de estados de excepción para suspender los derechos democráticos y desplegar al ejército.

Ecuador ha sido el laboratorio del Escudo de las Américas, la alianza militar que Trump lanzó con Noboa y otros aliados en marzo contra rivales geopolíticos y contra la clase trabajadora del hemisferio.

Revolución Ciudadana ha respondido solicitando medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamando a sus simpatizantes a las calles para exigir la liberación de González.

La defensa de los derechos democráticos, incluido el derecho de cualquier partido a presentarse en elecciones y el derecho de los trabajadores a protestar y hacer huelga, no puede confiarse a ninguna facción de la clase dominante ecuatoriana, incluida la representada por el correísmo. En la campaña de 2025, González se reunió con el FMI para dar garantías de continuidad de la austeridad, cortejó a las empresas mineras y petroleras y compitió con Noboa en exigir el fortalecimiento del aparato represivo. Tras su derrota, figuras prominentes de su partido instaron a aceptar el resultado, y la dirección de la CONAIE, que la había respaldado, celebró la victoria de Noboa. Los dirigentes de la FUT y la UNE, por su parte, reducen las protestas a un llamado al diálogo.

La lucha contra la dictadura es la misma lucha contra la desigualdad social y el sistema de ganancias que engendra ambas. Esto requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora sobre un programa socialista revolucionario, unida con los trabajadores de toda América y Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26/10/2026)